2 mil 740 millones de pesos en contratos y un directivo operando desde adentro. Así describen las investigaciones periodísticas de Excélsior y El Universal a la presunta red de empresas del INE que, durante una década, habría acaparado la compra de urnas, canceles y paquetes electorales en México, con Juan Carlos Cuervo Escalona como la pieza clave dentro del propio árbitro electoral.

El hombre por dentro

Cuervo Escalona ingresó al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) a finales de 2003, en la época de Luis Carlos Ugalde, y permaneció casi dos décadas en las áreas técnicas del organismo. Bajo la gestión de Lorenzo Córdova llegó a ser director de Coordinación y Análisis, una posición desde la que no firmaba cheques, pero sí operaba las reglas de los contratos.

Desde ese cargo intervino en la estandarización del Reglamento de Elecciones y en la validación de los prototipos obligatorios que deben cumplir los organismos electorales locales (OPLE). Según las investigaciones, las especificaciones de urnas, canceles y paquetes electorales quedaron hechas a la medida del consorcio de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, asfixiando la competencia en al menos 13 estados.

Así operaba la red

El mecanismo descrito por los expedientes y las investigaciones periodísticas funcionaba en tres pasos:

  • Especificaciones a la medida: los requisitos técnicos de los materiales electorales se ajustaban al perfil de las empresas del grupo.
  • Competencia simulada: compañías vinculadas entre sí participaban en los mismos procesos aparentando rivalidad.
  • Contratos en los estados: las adjudicaciones se repartían en los organismos electorales locales de todo el país.

En diciembre de 2015, mientras Cuervo Escalona despachaba en el INE, se constituyeron Corporativo ZEG y Cajas Graf ante la Notaría 181 de la Ciudad de México. Entre 2016 y 2023, ambas empresas simularon competencia y acapararon contratos por 302.9 millones de pesos en Veracruz, 203.6 millones en Hidalgo y 69.5 millones en Coahuila.

El Órgano Interno de Control (OIC) del INE señaló a cinco empresas: Cajas Graf, Corporativo ZEG, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México y Comercializadora JVLY; la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno suma una sexta, Formas Finas Fernando Fernández. De acuerdo con la investigación presentada por esa secretaría, la red acumuló contratos por 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025. El OIC contó 106 contratos con 27 organismos electorales locales, de los cuales solo 53 se obtuvieron por licitación pública, y abrió 13 expedientes de investigación, además de un procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas graves contra cinco personas.

El rastro del dinero

Una de las líneas de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), según fuentes citadas por El Universal, es que Cajas Graf, Corporativo ZEG y Litho Formas transfirieron recursos a una cuenta de Scotiabank de Cuervo Escalona bajo conceptos simulados de «viáticos» y «préstamos». A ello se suman transferencias por 3 millones de pesos vía Cecoban, depósitos en efectivo por 1.7 millones y la compra al contado de un departamento de 1.95 millones de pesos.

La relación también quedó grabada. Según reveló La Razón, un video del 3 de marzo de 2023 muestra a Cuervo Escalona junto a César Rodríguez Ureña, entonces apoderado legal de Corporativo ZEG, incluso en el salón de sesiones del Instituto Electoral de Coahuila. Cuatro días después, el 7 de marzo de 2023, ese organismo adjudicó a ZEG el contrato LP-008-2023 por 69 millones 470 mil pesos, firmado por el propio Ureña.

Y el vínculo se formalizó: el 1 de junio de 2023, Corporativo ZEG nombró a Cuervo Escalona su apoderado legal, mientras él aún era director en el INE. En la misma acta fue designado apoderado Jesús Octavio García González, exencargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del instituto.

Qué sigue

La UIF bloqueó de manera precautoria las cuentas del exdirectivo dentro de una lista de 40 objetivos (25 personas físicas y 15 empresas) que, según los reportes, incluye a los hermanos Hernández Casillas y a la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei. La Secretaría de Hacienda presentó además una denuncia ante la Fiscalía General de la República, y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una revisión de oficio de 25 años de adquisiciones del INE, del IFE y de los organismos electorales estatales. La crisis por estas contrataciones derivó en la renuncia de Taddei a la presidencia del instituto.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas ni condenadas: lo que existe son investigaciones financieras y administrativas en curso, y corresponderá a las autoridades determinar las responsabilidades.

El caso importa también a Michoacán: la presunta red operó a través de los organismos electorales de los estados, y en junio de 2027 el estado renovará su gubernatura. La confianza en que el material electoral se compra sin favoritismos es una pieza clave de cualquier elección.

Con información de Excélsior, El Universal, La Razón, Proceso y La Jornada.

En resumen

  • Investigaciones de Excélsior y El Universal documentan que un directivo del INE, Juan Carlos Cuervo Escalona, habría operado desde adentro a favor de la red de empresas de los hermanos Hernández Casillas.
  • La presunta red acumuló contratos por 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025, con empresas que simulaban competir entre sí en 27 organismos electorales locales.
  • La UIF bloqueó cuentas de 40 objetivos, Hacienda denunció ante la FGR y la ASF revisará 25 años de compras electorales; no hay detenidos y las investigaciones siguen abiertas.

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Por Muse

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